La ley divide a agricultores, ecologistas y juristas por sus efectos sobre pesticidas, agua y medioambiente.
La aprobación de la ley agrícola francesa, el 21 de julio de 2026, no ha cerrado la controversia política. La ha llevado al Consejo Constitucional, que debe examinar una norma presentada como respuesta al malestar rural y convertida después en un paquete más amplio. Su contenido refleja una tensión de fondo: cómo aliviar la presión sobre los agricultores sin debilitar las garantías ambientales y sanitarias.
La disposición más sensible permite abrir excepciones a la prohibición de dos neonicotinoides, insecticidas vetados en Francia por sus efectos sobre la biodiversidad y por sus riesgos para la salud. La medida, introducida en el Senado y mantenida en la versión final, se aplicaría a cuatro sectores agrícolas. El Ministerio de Agricultura defiende que la agencia ANSES evaluará las solicitudes y aportará una base científica.
Esa lectura ha sido contestada por organizaciones ecologistas, médicos y sociedades científicas. Sus objeciones no se limitan al principio de precaución: también cuestionan que una evaluación rápida cumpla las exigencias necesarias. Además, recuerdan que estas sustancias son sospechosas de interferir en el sistema endocrino.
La tensión alcanzó al Gobierno cuando la ministra de Medioambiente presentó su dimisión y luego la retiró. El gesto resumió la incomodidad que provoca una ley defendida como apoyo al campo, pero criticada por sus posibles efectos sobre la salud y el entorno.
El examen constitucional puede recortar una ley que sus detractores consideran desequilibrada. Algunos juristas advierten de conflictos con la Carta del Medioambiente, sobre todo con las reglas de participación pública. También inquietan las medidas sobre granjas y agua.
Basado en: Mathilde Gérard, Stéphane Mandard y Léa Sanchez, Le Monde