La ley divide a agricultores, ecologistas y juristas por sus efectos sobre pesticidas, agua y medioambiente.
La nueva ley agrícola francesa, aprobada el martes 21 de julio de 2026, ha cerrado una etapa parlamentaria agitada y ha abierto otra ante el Consejo Constitucional. La norma nació como respuesta al malestar agrario, pero acabó con más de cincuenta disposiciones. En el debate apareció una división clara entre quienes piden menos obstáculos para producir y quienes temen un retroceso ambiental y sanitario.
El punto central de la polémica es la posibilidad de conceder excepciones a la prohibición de dos pesticidas neonicotinoides. Estas sustancias están vetadas en Francia por su impacto en los ecosistemas y por sus riesgos para la salud. La medida afecta a cuatro sectores agrícolas y fue incorporada en el Senado. El Gobierno sostiene que la agencia ANSES evaluará las solicitudes y dará una base científica a cada decisión.
Esa defensa no convence a las organizaciones ecologistas ni a parte de la comunidad médica. Sus críticas se centran en el plazo: consideran improbable que en dos meses pueda hacerse un análisis profundo. Sociedades científicas alertaron además de que estos pesticidas son sospechosos de actuar como disruptores endocrinos. La tensión fue visible dentro del propio Gobierno, cuando la ministra de Medioambiente anunció su dimisión y después la retiró.
La revisión constitucional puede ser decisiva. Juristas señalan que el artículo sobre pesticidas podría chocar con la Carta del Medioambiente, sobre todo por las exigencias de participación pública. Otros apartados, como los relativos a granjas y agua, también generan dudas. Para algunos sindicatos agrícolas, la ley reconoce la crisis del campo; para otros, refuerza un modelo que ya muestra límites.
Basado en: Mathilde Gérard, Stéphane Mandard y Léa Sanchez, Le Monde