La ley divide a agricultores, ecologistas y juristas por sus efectos sobre pesticidas, agua y medioambiente.
El Parlamento francés aprobó el 21 de julio de 2026 una ley agrícola muy discutida. El Gobierno la presentó como una respuesta a las dificultades del campo, pero el debate dejó ver fuertes diferencias sobre salud, medioambiente y forma de producir. El proyecto inicial tenía unas veinte medidas y terminó con más de cincuenta.
La parte más criticada permite abrir excepciones a la prohibición de dos pesticidas de tipo neonicotinoide. Estos productos están vetados en Francia por sus efectos sobre los ecosistemas y por los riesgos para la salud. La medida afecta a cuatro sectores agrícolas. El Ministerio de Agricultura defiende que la agencia ANSES revisará las solicitudes con criterios científicos.
Las organizaciones ecologistas no aceptan esa explicación. Según ellas, dos meses no bastan para hacer una evaluación completa. Varias sociedades médicas y científicas también avisaron antes de la votación. Temen que vuelvan sustancias sospechosas de alterar el sistema hormonal. La controversia llegó al Gobierno: la ministra de Medioambiente presentó su dimisión, aunque después decidió seguir.
La norma incluye además cambios sobre nuevas granjas y sobre proyectos relacionados con el agua. Algunas medidas del Senado fueron eliminadas antes del voto final, pero autoridades locales y asociaciones ambientales siguen viendo riesgos. Los sindicatos agrarios están divididos: unos celebran una ayuda para el sector y otros creen que refuerza un modelo agotado. Ahora el Consejo Constitucional debe decidir si las partes más sensibles respetan la Constitución francesa.
Basado en: Mathilde Gérard, Stéphane Mandard y Léa Sanchez, Le Monde