La Unión Europea quiere aclarar cómo pueden las ciudades limitar los alojamientos de corta duración en zonas con problemas de vivienda.
La Unión Europea prepara una legislación para respaldar a las administraciones que quieran contener los alquileres de corta duración en mercados residenciales tensionados. La iniciativa, integrada en la futura Ley de Vivienda Asequible, busca delimitar las competencias locales y reducir la inseguridad jurídica.
La presión política ha crecido al mismo ritmo que el fenómeno. Las reservas casi se han duplicado desde 2018 y el precio de la vivienda en la UE acumula una subida superior al 60 % desde 2013. Aunque algunas ciudades relacionan la proliferación de pisos turísticos con una menor oferta para residentes, una sentencia europea de 2020 estableció que toda limitación debe perseguir un interés público y ser proporcionada. La aplicación de ese principio quedó en manos de los tribunales nacionales.
Un borrador filtrado trata ahora de traducirlo en criterios verificables. Las autoridades tendrían que acreditar una fuerte tensión en el mercado; uno de los indicadores propuestos sería que el precio de compra alcanzase al menos ocho veces la renta disponible mediana. Además, deberían demostrar que los alquileres turísticos han causado efectos adversos durante tres años o más.
El planteamiento favorece los topes cuantitativos y los derechos ya concedidos frente a una prohibición general. El sector, sin embargo, cuestiona el calendario y el diagnóstico. Plataformas y asociaciones alegan que estos alojamientos suponen alrededor del 1,2 % del parque residencial y que aún no existe una base estadística sólida: la recogida armonizada exigida por una norma de 2024 acaba de ponerse en marcha. La Comisión Europea tenía previsto examinar el mandato el 9 de septiembre.
Basado en: Bailey Schulz, Skift