La Unión Europea quiere aclarar cómo pueden las ciudades limitar los alojamientos de corta duración en zonas con problemas de vivienda.
La Unión Europea prepara un marco legal para que ciudades y regiones puedan limitar los alquileres de corta duración en zonas con dificultades de acceso a la vivienda. La iniciativa será una pieza central de la futura Ley de Vivienda Asequible. Además, pretende coordinar la respuesta de las administraciones ante un fenómeno especialmente visible en los destinos turísticos.
Desde 2018, las reservas de estos alojamientos casi se han duplicado, mientras que el precio de la vivienda en la UE ha crecido más de un 60 % desde 2013. Algunas autoridades sostienen que la expansión de los pisos turísticos reduce la oferta residencial. Sin embargo, una sentencia europea de 2020 exige que cualquier restricción proteja el interés público y sea proporcional. Hasta ahora, los tribunales nacionales han tenido que interpretar esa condición.
Un borrador filtrado intenta convertir esas exigencias en criterios más concretos. Para intervenir, una ciudad tendría que acreditar una presión grave. Uno de los posibles indicadores sería que el precio de compra equivaliera, como mínimo, a ocho veces la renta disponible mediana. También habría que probar que los alquileres turísticos llevan al menos tres años causando efectos perjudiciales.
El texto da prioridad a los cupos y al respeto de las licencias existentes frente a las prohibiciones absolutas. Las principales plataformas y asociaciones empresariales consideran que aún es pronto para legislar. Señalan que el sector representa aproximadamente el 1,2 % del parque de viviendas y que la recogida común de datos, exigida por una norma de 2024, apenas ha comenzado. La Comisión Europea tenía previsto debatir el mandato el 9 de septiembre.
Basado en: Bailey Schulz, Skift