La Unión Europea quiere aclarar cómo pueden las ciudades limitar los alojamientos de corta duración en zonas con problemas de vivienda.
La Unión Europea prepara una norma para gestionar mejor los alquileres de corta duración, como los que se anuncian en Airbnb. La medida formará parte de la futura Ley de Vivienda Asequible. Su intención es ofrecer unas reglas comunes a las ciudades y regiones donde faltan pisos y los precios son muy altos.
Las reservas de estos alojamientos casi se han duplicado en la UE desde 2018. Al mismo tiempo, el precio de la vivienda ha aumentado más de un 60 % desde 2013. Varias ciudades consideran que el crecimiento de los pisos turísticos reduce la oferta para quienes viven allí, pero sus intentos de limitar esta actividad plantean dudas legales.
En 2020, un tribunal europeo decidió que las restricciones deben proteger el interés público y ser proporcionales. Ahora son los tribunales nacionales los que interpretan esa condición. La nueva norma busca aclarar en qué casos puede actuar una administración.
Según un borrador filtrado, cada ciudad tendría que probar que su mercado de vivienda sufre una fuerte presión. También debería demostrar que los alquileres turísticos producen efectos negativos desde hace al menos tres años. El plan apuesta por limitar la cantidad de alojamientos y proteger los permisos antiguos, en lugar de imponer una prohibición total.
Las plataformas y asociaciones del sector creen que la propuesta llega demasiado pronto. Afirman que estos alojamientos representan alrededor del 1,2 % de las viviendas y que la recogida europea de datos acaba de empezar. La Comisión Europea tenía previsto estudiar la propuesta el 9 de septiembre.
Basado en: Bailey Schulz, Skift