El nuevo centro de máxima seguridad busca frenar el crimen organizado, pero también reabre el debate sobre los derechos civiles.
Costa Rica ha inaugurado en Alajuela el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una megacárcel de máxima seguridad con 5.100 plazas. Esa capacidad representa cerca de una quinta parte de la población reclusa del país. La presidenta Laura Fernández sitúa el complejo en el centro de su política de mano dura y de su propósito de recuperar el control penitenciario.
Los primeros traslados se efectuarán a finales de octubre. El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, confía en que la instalación reduzca la penetración de las redes delictivas en las prisiones. La apuesta responde al deterioro de la seguridad en un país tradicionalmente menos violento que sus vecinos. Tras el máximo histórico de 905 homicidios en 2023, se contabilizaron 876 en 2024 y 873 en 2025. Los analistas vinculan parte de estas cifras con la pugna por las rutas del narcotráfico.
El proyecto evidencia la expansión regional del modelo impulsado por Nayib Bukele en El Salvador. Desde 2022, un estado de excepción ha ampliado las competencias policiales y militares, lo que ha facilitado arrestos multitudinarios y procesos contra centenares de acusados a la vez. Sus defensores destacan el descenso de los homicidios; sus detractores señalan detenciones sin cargos, falta de garantías, hacinamiento y denuncias de tortura.
La fórmula atrae a dirigentes de otros países latinoamericanos, que han propuesto centros semejantes. Su popularidad revela el peso de la inseguridad en la política de la región, aunque deja abierta una cuestión decisiva: si esa respuesta puede sostenerse sin erosionar las libertades civiles que el Estado debe proteger.
Basado en: Al Jazeera Staff y Reuters, Al Jazeera