El nuevo centro de máxima seguridad busca frenar el crimen organizado, pero también reabre el debate sobre los derechos civiles.
Costa Rica ha inaugurado en Alajuela el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad con capacidad para 5.100 personas. La cifra equivale aproximadamente al 20 % de la población penitenciaria del país. La presidenta Laura Fernández presenta el complejo como un elemento clave de su política de mano dura.
Los primeros reclusos serán trasladados a finales de octubre. El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, sostiene que la instalación ayudará al Estado a recuperar el control de las prisiones y a frenar la influencia de las organizaciones criminales dentro de ellas.
La apertura se produce en un contexto poco habitual para Costa Rica, un país históricamente menos violento que varios de sus vecinos. En 2023 alcanzó el récord de 905 homicidios; en 2024 se registraron 876 y, en 2025, 873. Los analistas atribuyen parte de este deterioro a la disputa entre grupos criminales por las rutas de la droga.
La iniciativa refleja la creciente influencia regional del modelo de Nayib Bukele. Desde 2022, El Salvador mantiene un estado de excepción que amplía las facultades policiales y militares. La estrategia ha coincidido con una fuerte caída de los homicidios, pero también ha provocado detenciones y juicios masivos. Organizaciones de derechos humanos denuncian encarcelamientos sin cargos, hacinamiento, falta de garantías judiciales y posibles torturas. Mientras otros dirigentes latinoamericanos plantean construir prisiones parecidas, continúa el debate entre la demanda de seguridad y la protección de los derechos fundamentales.
Basado en: Al Jazeera Staff y Reuters, Al Jazeera