El nuevo centro de máxima seguridad busca frenar el crimen organizado, pero también reabre el debate sobre los derechos civiles.
Costa Rica ha inaugurado en Alajuela el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, conocido como CACCO. Esta prisión de máxima seguridad podrá recibir a 5.100 personas, cerca del 20 % de la población penitenciaria actual. La presidenta Laura Fernández la considera una pieza central de su política de mano dura contra la delincuencia.
Los primeros traslados están previstos para finales de octubre. Según el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, el centro permitirá al Estado controlar mejor las prisiones y limitar la influencia de las redes criminales en su interior.
La medida llega después de varios años con cifras de violencia muy altas. Costa Rica, durante mucho tiempo más segura que otros países de la zona, registró un récord de 905 homicidios en 2023. Después hubo 876 en 2024 y 873 en 2025. Los analistas relacionan parte del aumento con los enfrentamientos por las rutas del narcotráfico.
El proyecto sigue una tendencia asociada al presidente salvadoreño Nayib Bukele. El estado de excepción, vigente desde 2022, dio más poder a la policía y al ejército y facilitó detenciones masivas. Los homicidios bajaron con claridad, pero las organizaciones de derechos humanos denuncian arrestos sin cargos, juicios colectivos, hacinamiento y posibles torturas. Otros dirigentes latinoamericanos proponen cárceles similares. El debate enfrenta así dos preocupaciones: mejorar la seguridad y proteger el derecho a un juicio justo y otras libertades básicas.
Basado en: Al Jazeera Staff y Reuters, Al Jazeera