La doble actividad diplomática y empresarial de Jared Kushner abre un nuevo debate sobre las normas éticas de Estados Unidos.
Los posibles conflictos de interés de Jared Kushner han vuelto al debate político estadounidense. El 6 de octubre, el principal demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes abrió una investigación. El yerno de Donald Trump ejerce como enviado de paz sin remuneración y, a la vez, controla Affinity Partners, una firma financiada en su mayoría por monarquías del golfo Pérsico.
La relación financiera comenzó después de que Kushner saliera de la Casa Blanca en 2021, cuando el fondo soberano saudí confió 2.000 millones de dólares a su empresa. Según investigaciones anteriores, en marzo de 2024 al menos el 99 % de los 3.000 millones administrados por Affinity era de origen extranjero, sobre todo saudí y emiratí. La firma percibe decenas de millones anuales en comisiones.
El escrutinio aumentó al conocerse que Affinity es el mayor accionista de Phoenix Financial, un grupo israelí con participaciones en al menos nueve proveedores militares. Esa exposición coincide con la intervención de Kushner en las negociaciones entre Israel y Hamás. También participa en una posible operación con activos petroleros rusos e inversores ligados a su entorno y al de Steve Witkoff. Esta simultaneidad alimenta las dudas éticas.
Kushner responde que no dirigió las inversiones de Phoenix y que nada demuestra que sus negocios hayan influido en la diplomacia. La minoría demócrata no puede obligarle a aportar documentos, pero pide aclarar si presentó declaraciones patrimoniales, recibió exenciones o debe abstenerse en determinados asuntos. También propone periodos de incompatibilidad y más transparencia para los antiguos cargos que gestionen dinero de gobiernos extranjeros.
Basado en: Sarah Leah Whitson, Foreign Policy