La doble actividad diplomática y empresarial de Jared Kushner abre un nuevo debate sobre las normas éticas de Estados Unidos.
El principal demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes inició el 6 de octubre una investigación sobre los posibles conflictos de interés de Jared Kushner. El yerno de Donald Trump combina su labor no remunerada como enviado de paz con la dirección de Affinity Partners, una firma financiada principalmente con capital del golfo Pérsico.
El fondo soberano saudí invirtió 2.000 millones de dólares en Affinity después de que Kushner abandonara la Casa Blanca en 2021. Investigaciones anteriores revelaron que, en marzo de 2024, al menos el 99 % de los 3.000 millones administrados por la firma tenía origen extranjero, sobre todo saudí y emiratí. Affinity cobra cada año decenas de millones en comisiones por gestionar ese capital.
El escrutinio creció cuando Affinity se convirtió en el mayor accionista de Phoenix Financial. Este grupo israelí posee participaciones en al menos nueve proveedores militares, mientras Kushner interviene en la diplomacia entre Israel y Hamás. También ha participado en una posible venta de activos petroleros rusos a inversores vinculados a su entorno y al de Steve Witkoff. Este cruce entre funciones públicas y privadas centra las dudas.
Kushner sostiene que no decidió las inversiones de Phoenix y niega que sus negocios condicionen su labor pública. La minoría demócrata no puede obligarle a entregar documentos, pero quiere saber si presentó declaraciones financieras, recibió exenciones éticas o aceptó apartarse de algún asunto. Asimismo, plantea limitar los negocios de antiguos altos cargos con gobiernos extranjeros y reforzar la transparencia.
Basado en: Sarah Leah Whitson, Foreign Policy