El primer ministro francés pide investigar la difusión de propuestas internas mientras prepara un difícil plan de ahorro.
Mientras el Ejecutivo francés remata los presupuestos del Estado y de la Seguridad Social para 2027, Sébastien Lecornu trata de frenar la difusión de documentos preparatorios. El primer ministro debe hallar 30.000 millones de euros de ahorro en un contexto marcado por el deterioro de las cuentas públicas y un margen parlamentario muy reducido.
El detonante fue una posible tributación del reparto de beneficios empresariales entre los trabajadores. La propuesta suscitó el rechazo de las organizaciones empresariales, la oposición y antiguos responsables próximos a Emmanuel Macron. Aunque el ministro de Finanzas defendió la necesidad de actuar, el Gobierno subrayó que una evaluación técnica no equivale a una decisión firme.
La oficina de Lecornu presentó el 7 de septiembre una denuncia ante la Fiscalía por la transmisión irregular de trabajos internos. Alega que las filtraciones distorsionan la deliberación, provocan una alarma injustificada y pueden incidir en intereses económicos o patrimoniales.
A lo largo del verano proliferaron hipótesis sobre pensiones, ayudas estudiantiles, prestaciones sociales y subidas fiscales. Lecornu negó muchas de ellas, pero rehúsa contestar sistemáticamente. Pretende evitar que los rumores terminen desvelando el plan por entregas.
La presentación ante el Consejo de Ministros está prevista para el 30 de septiembre. Después, las cuentas deberán sortear una Asamblea Nacional fragmentada. Con el procedimiento aún por decidir y una moción de censura como amenaza, el conflicto por las filtraciones complica todavía más la búsqueda de una mayoría.
Basado en: Mariama Darame, Le Monde