El primer ministro francés pide investigar la difusión de propuestas internas mientras prepara un difícil plan de ahorro.
El Gobierno francés está terminando los dos proyectos presupuestarios de 2027: uno para el Estado y otro para la Seguridad Social. El primer ministro, Sébastien Lecornu, pretende ahorrar 30.000 millones de euros en un momento de serias dificultades para las finanzas públicas.
Mientras continúan las negociaciones, varias propuestas internas han llegado a la prensa. Entre ellas figura un posible impuesto sobre una parte de los beneficios que las empresas reparten entre sus empleados. La idea provocó el rechazo de empresarios, partidos de la oposición e incluso antiguos miembros del Gobierno.
La oficina de Lecornu presentó una denuncia ante la Fiscalía el 7 de septiembre para investigar el origen de las filtraciones. Según el Ejecutivo, divulgar documentos de trabajo altera la toma de decisiones, preocupa sin necesidad a la población y puede perjudicar intereses económicos. Además, insiste en que las propuestas todavía no están aprobadas.
Durante el verano también se habló de congelar prestaciones, reducir ayudas a estudiantes y modificar pensiones o impuestos. Lecornu negó muchas de estas posibilidades. Aun así, su equipo decidió no responder a cada rumor para evitar revelar el presupuesto antes de tiempo.
Los proyectos se presentarán al Consejo de Ministros el 30 de septiembre. Luego deberán avanzar en una Asamblea Nacional sin mayoría estable. El Ejecutivo todavía estudia qué mecanismo utilizará para aprobar las cuentas. Por eso, las filtraciones complican un proceso que ya era políticamente difícil.
Basado en: Mariama Darame, Le Monde