El primer ministro francés pide investigar la difusión de propuestas internas mientras prepara un difícil plan de ahorro.
El Ejecutivo francés ultima los presupuestos de 2027, divididos en un proyecto para el Estado y otro para la Seguridad Social. El primer ministro, Sébastien Lecornu, busca un ahorro de 30.000 millones de euros para afrontar el deterioro de las finanzas públicas. Sin embargo, algunas propuestas en estudio llegan a la prensa antes de que haya una decisión definitiva.
La polémica aumentó al conocerse la posibilidad de gravar el reparto de beneficios de las empresas entre sus empleados. La idea recibió duras críticas de empresarios, de la oposición y de figuras vinculadas al presidente Emmanuel Macron. El Gobierno recalcó que solo era una hipótesis de trabajo, aunque el ministro de Finanzas defendió la necesidad de actuar.
Ante la sucesión de informaciones, la oficina de Lecornu denunció el 7 de septiembre ante la Fiscalía la transmisión irregular de documentos internos. Sostiene que estas revelaciones entorpecen las decisiones, generan inquietud y pueden afectar a intereses económicos o patrimoniales.
Durante el verano también circularon posibles recortes de ayudas, congelaciones de prestaciones y cambios fiscales. El primer ministro desmintió muchos rumores, pero evita responder a todos. Su equipo no quiere que las filtraciones permitan conocer el plan por partes antes de presentarlo.
Los textos llegarán al Consejo de Ministros el 30 de septiembre y después afrontarán una Asamblea Nacional sin mayoría. El Ejecutivo aún valora cómo sacar adelante las cuentas y teme una moción de censura. En este escenario, la denuncia añade tensión a un proceso presupuestario ya frágil.
Basado en: Mariama Darame, Le Monde