El Gobierno de Trump busca un equilibrio entre seguridad, innovación y competencia con China.
La Casa Blanca atraviesa una disputa interna sobre el futuro de la regulación de la inteligencia artificial tras la decisión de Donald Trump de cancelar, el 21 de mayo, la firma de una orden ejecutiva que ya estaba preparada. Desde entonces, funcionarios y empresas intentan aclarar si el plan puede resucitar en una versión más limitada.
El conflicto refleja una tensión de fondo: parte de la Administración considera que los modelos más avanzados se han convertido en una cuestión de seguridad nacional, porque pueden detectar vulnerabilidades en sistemas antiguos y modificar el equilibrio tecnológico con China. Trump, sin embargo, temió que una normativa demasiado pesada debilitara la innovación estadounidense.
El punto más delicado del borrador era un marco voluntario por el que laboratorios como OpenAI, Anthropic y Google permitirían al Gobierno examinar ciertos modelos antes de su salida al mercado, incluso con hasta 90 días de margen. La revisión estaría centrada en capacidades de ciberseguridad, aunque varias compañías dudan de que ese calendario sea realista.
Susie Wiles ha asumido la tarea de coordinar a quienes quieren salvar parte de la orden, con el apoyo de Scott Bessent y Sean Cairncross. Bessent, además, se perfila como interlocutor en futuras negociaciones sobre IA con China. Enfrente está David Sacks, contrario a nuevas cargas regulatorias. El resultado dependerá menos del acuerdo técnico que de la voluntad final de Trump.
Basado en: Hugo Lowell, Maxwell Zeff, WIRED