El Gobierno de Trump busca un equilibrio entre seguridad, innovación y competencia con China.
La Administración de Donald Trump intenta reconstruir una orden ejecutiva sobre inteligencia artificial después de que el presidente cancelara su firma el 21 de mayo, solo unas horas antes del acto previsto. La decisión dejó abiertas dudas entre funcionarios y empresas tecnológicas sobre si habrá una nueva versión y qué obligaciones incluirá.
El borrador buscaba responder a una preocupación creciente: los modelos más potentes pueden tener efectos en la seguridad nacional, especialmente si son capaces de localizar vulnerabilidades en software antiguo. Por eso, una parte del Gobierno quería un sistema que permitiera revisar ciertos modelos antes de su lanzamiento público.
La sección más discutida proponía un marco voluntario para que laboratorios como OpenAI, Anthropic y Google compartieran sus modelos con la Casa Blanca con hasta 90 días de antelación. El objetivo era evaluar riesgos de ciberseguridad, pero algunos ejecutivos consideran difícil entregar tecnología tan pronto.
Susie Wiles, jefa de gabinete, lidera el grupo que busca recuperar el plan, junto a Scott Bessent y Sean Cairncross. Bessent también ha hablado con directivos de IA y podría tener un papel en futuras conversaciones con China. David Sacks, antiguo responsable de IA de Trump, se opone porque ve la regulación como un obstáculo. La decisión final depende de convencer al propio Trump.
Basado en: Hugo Lowell, Maxwell Zeff, WIRED