Berlín y Países Bajos buscan proteger el funcionamiento del tribunal internacional frente a la presión estadounidense.
La visita del ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya supuso un respaldo explícito a una institución bajo presión. Berlín se comprometió a colaborar con otros Estados para preservar el tribunal ante las sanciones de la Administración de Donald Trump.
Estados Unidos ya ha sancionado a trece integrantes de la Corte, incluidos varios fiscales y nueve jueces, entre ellos su presidenta, Tomoko Akane. Las medidas permiten congelar activos, restringir viajes e interrumpir servicios financieros y tecnológicos. Si se extendieran a toda la institución, peligrarían las nóminas, la protección de los testigos y el centro de detención.
Países Bajos, sede de la CPI, estudia cómo garantizar la continuidad de esas funciones y conversa con Washington para evitar nuevas sanciones. La Unión Europea baraja activar su estatuto de bloqueo, que impediría a las empresas europeas acatar determinadas medidas estadounidenses.
La eficacia de esa herramienta, sin embargo, es incierta. La CPI es un organismo internacional, no una entidad de la UE, y una cuenta bancaria básica no resuelve su dependencia de tarjetas, proveedores digitales o sistemas de pago estadounidenses. La respuesta europea afronta dificultades jurídicas y prácticas.
Creada en 2002 y respaldada por 125 Estados, la Corte juzga el genocidio y los crímenes de guerra cuando la justicia nacional no actúa. Washington no forma parte de ella y rechaza las investigaciones sobre Afganistán y las órdenes de arresto relacionadas con Gaza. Wadephul vinculó la postura alemana a su responsabilidad histórica: evitar que el poder estatal quede por encima del derecho y la humanidad.
Basado en: Mike Corder, Associated Press