Berlín y Países Bajos buscan proteger el funcionamiento del tribunal internacional frente a la presión estadounidense.
El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, visitó la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para mostrar el apoyo de su país. Berlín quiere que el tribunal pueda seguir trabajando a pesar de la presión cada vez mayor de Estados Unidos.
La CPI fue creada en 2002 y tiene 125 Estados miembros. Juzga a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra y otros delitos muy graves cuando la justicia de un país no puede o no quiere actuar. Estados Unidos nunca se ha unido a este tribunal.
La Administración de Donald Trump ha impuesto sanciones a trece integrantes de la Corte, incluidos varios fiscales y nueve jueces. Las medidas pueden congelar cuentas, impedir viajes y bloquear servicios financieros o informáticos. Como resultado, hasta el pago de los salarios y la protección de los testigos podrían sufrir problemas.
Países Bajos, sede de la CPI, teme que Washington sancione a toda la institución. Su Gobierno estudia cómo mantener el centro de detención y otros servicios básicos, mientras habla con Estados Unidos para tratar de evitar nuevas medidas. Alemania, a su vez, prepara una respuesta junto con otros países.
Una posibilidad es aplicar una norma de la Unión Europea que prohíbe a las empresas europeas obedecer ciertas sanciones estadounidenses. Aun así, existen dudas sobre su utilidad, pues la CPI es una organización internacional y no una institución de la UE. Wadephul recordó que la historia alemana enseña el peligro de situar el poder por encima de la ley y de la dignidad humana.
Basado en: Mike Corder, Associated Press