Berlín y Países Bajos buscan proteger el funcionamiento del tribunal internacional frente a la presión estadounidense.
El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, viajó a La Haya para expresar el firme respaldo de Berlín a la Corte Penal Internacional (CPI). Su visita se produjo mientras las sanciones de la Administración de Donald Trump amenazan con entorpecer el funcionamiento diario del tribunal.
Washington ya ha sancionado a trece integrantes de la CPI, entre ellos varios fiscales y nueve jueces, incluida su presidenta, Tomoko Akane. Las restricciones pueden congelar cuentas, impedir la entrada en Estados Unidos y cortar el acceso a servicios bancarios y tecnológicos. Sus efectos, por tanto, van más allá de los viajes.
Países Bajos ha recibido avisos sobre posibles medidas contra la institución en su conjunto. Como país anfitrión, busca alternativas para pagar al personal, proteger a los testigos y mantener el centro de detención. Alemania también coopera con otros Estados para conservar la capacidad de trabajo de la Corte.
La Unión Europea estudia recurrir a su estatuto de bloqueo, una norma que podría impedir a las empresas europeas aplicar las sanciones estadounidenses. No obstante, su alcance jurídico plantea dudas: la CPI es un organismo internacional y no pertenece a la UE. Se trata de una respuesta contundente, pero de eficacia incierta.
Fundada en 2002 y respaldada por 125 países, la CPI interviene ante los crímenes más graves cuando la justicia nacional no actúa. Estados Unidos rechaza tanto sus investigaciones sobre Afganistán como las órdenes de arresto contra dirigentes israelíes por la guerra en Gaza. Wadephul relacionó la posición alemana con una responsabilidad histórica: defender el derecho frente al abuso del poder estatal.
Basado en: Mike Corder, Associated Press