Los grandes incendios del verano reabren el debate político sobre la respuesta climática en Europa.
Los incendios que atraviesan Europa este verano ya no pueden leerse como episodios aislados de mal tiempo. En el suroeste de Francia, la aparición de un pirocumulonimbo, una tormenta nacida del propio incendio que puede modificar los vientos y volver imprevisible el avance de las llamas, muestra hasta qué punto estos desastres se han vuelto más complejos. Francia encadena olas de calor y se prepara para otra.
El balance es severo. En la Gironda, unas 220.000 personas han sido evacuadas, mientras que la superficie quemada en Francia supera con claridad la registrada durante todo 2025. España afronta también una situación extrema: más de 170.000 hectáreas afectadas, frente a 29.000 el año anterior, y más de 100.000 personas obligadas a abandonar sus hogares. Son datos técnicos, pero describen pérdidas de seguridad, arraigo y vida cotidiana.
La relación entre calentamiento global e incendios más intensos, extensos y duraderos confirma advertencias científicas repetidas durante años. Pedro Sánchez ha atribuido la crisis a la emergencia climática y ha defendido que la Unión Europea acelere su transición verde. Sin embargo, otros gobiernos tratan la política climática como una prioridad negociable cuando aumenta la presión económica.
Ese repliegue ya tiene ejemplos. Francia ha buscado ahorro mediante recortes en un fondo verde pensado para apoyar a las autoridades locales. La Comisión Europea, presionada por países como Italia, ha propuesto suavizar su principal sistema de comercio de emisiones y dar más margen a la industria pesada. Presentar esa marcha atrás como pragmatismo ignora que la adaptación y la reducción de emisiones forman parte de la seguridad europea.
Basado en: Editorial, The Guardian