Una investigación señala contratos públicos británicos con compañías relacionadas con asentamientos israelíes ilegales.
Al menos 17 empresas vinculadas a los asentamientos israelíes ilegales en la Cisjordania ocupada conservan contratos con el sector público del Reino Unido por más de 2.100 millones de libras. La cifra coloca a Londres ante una tensión clara: su posición jurídica frente a la ocupación no siempre encaja con esas relaciones comerciales.
El grueso del dinero corresponde a compañías controladas por Motorola Solutions, sobre todo Airwave Solutions, que proporciona una red segura de comunicaciones a policía, bomberos y ambulancias en Inglaterra, Escocia y Gales. También figuran grupos de construcción, ingeniería, transporte ferroviario y productos médicos. La variedad de sectores amplía el debate.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha señalado a Motorola, Heidelberg Materials, Egis, CAF y Fosun por actividades asociadas a los asentamientos. Las conexiones incluyen infraestructura de seguridad, una cantera en territorio palestino ocupado, el tren ligero de Jerusalén y una empresa de cosméticos con operaciones en Mitzpe Shalem.
El contexto legal es clave. En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado y sostuvo que otros Estados no deben prestar ayuda para mantenerla. Algunos especialistas creen que el Reino Unido debería investigar mejor a las empresas contratadas.
La presión política también crece: más de 140 diputados laboristas reclaman prohibir el comercio con asentamientos ilegales. El Gobierno responde que cada autoridad pública evalúa a sus proveedores caso por caso y que no puede usarse la contratación para boicotear entidades extranjeras sin sanciones formales.
Basado en: Caolán Magee, Al Jazeera