Una investigación señala contratos públicos británicos con compañías relacionadas con asentamientos israelíes ilegales.
Una investigación ha identificado al menos 17 empresas vinculadas a asentamientos israelíes ilegales en la Cisjordania ocupada que tienen contratos con el sector público del Reino Unido. Juntos, esos acuerdos valen más de 2.100 millones de libras. La cifra muestra el peso del dinero público en esta cuestión.
Los contratos cubren servicios distintos: comunicaciones para emergencias, mantenimiento de carreteras, transporte y gestión de permisos de conducir. El grupo con más presencia es Motorola Solutions, a través de filiales que trabajan para la policía, los bomberos y las ambulancias. Solo ese grupo reúne más de 1.700 millones de libras.
La ONU incluye a varias compañías en una base de datos sobre actividades relacionadas con asentamientos. Entre los casos citados hay tecnología de vigilancia, explotación de recursos, proyectos de tren ligero en Jerusalén y una empresa de cosméticos situada en un asentamiento. No todas las conexiones son iguales, pero todas alimentan la discusión.
El debate llega en un momento de presión política. Más de 140 diputados laboristas han pedido al Gobierno británico que prohíba el comercio con asentamientos ilegales. Además, la Corte Internacional de Justicia afirmó en julio de 2024 que la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal y debe terminar lo antes posible.
El Gobierno británico defiende que las autoridades públicas revisan a los proveedores contrato por contrato. También sostiene que la contratación pública no debe servir para boicotear empresas ligadas a otros países, salvo cuando existan sanciones, embargos o restricciones oficiales.
Basado en: Caolán Magee, Al Jazeera