La nueva orden de Estados Unidos crea pruebas voluntarias para modelos avanzados de IA, pero varios expertos ven límites importantes.
La nueva orden ejecutiva de Donald Trump sobre inteligencia artificial abre una vía de revisión gubernamental para los modelos más avanzados antes de llegar al mercado. Su objetivo declarado es reforzar la ciberseguridad de Estados Unidos sin imponer a las empresas reglas consideradas excesivas.
El mecanismo, sin embargo, se apoya en la cooperación voluntaria. Las compañías podrán someter modelos a evaluaciones de seguridad, pero no quedan obligadas. Si los laboratorios controlan lo que muestran, el Gobierno puede avalar sistemas poco observados.
El cambio más visible respecto al borrador previo es la reducción del plazo de análisis. La versión inicial abría hasta 90 días para que el Gobierno examinara los modelos antes de otros socios de confianza. La orden firmada lo deja en 30 días, una concesión a quienes temían frenar la carrera comercial de la IA.
La Agencia de Seguridad Nacional deberá diseñar pruebas clasificadas para decidir qué sistemas son modelos de frontera cubiertos. Además, la orden asigna al Tesoro y a CISA tareas para detectar y parchear vulnerabilidades. Esa distribución muestra un problema: CISA perdió recursos tras los recortes de DOGE.
Especialistas del Consejo de Relaciones Exteriores señalan que la definición de modelo cubierto será decisiva. Si es estrecha, pueden lanzarse sistemas peligrosos; si es amplia, agotará el talento disponible. Incluso una buena prueba puede quedarse vieja ante modelos opacos y autónomos. La eficacia dependerá de transparencia.
Basado en: Ashley Belanger, Ars Technica