La nueva ley busca gobiernos más estables, pero la oposición cuestiona su constitucionalidad.
El Parlamento italiano ha dado luz verde a la reforma electoral promovida por Giorgia Meloni. La aprobación es una victoria para la primera ministra, pero también anticipa una disputa constitucional. Tras meses de controversia, la Cámara de los Diputados respaldó el texto en votación secreta, con 227 votos favorables y 164 contrarios. Las elecciones generales están previstas para 2027.
La norma abandona el sistema mixto, en el que alrededor de un tercio de los escaños se adjudica en circunscripciones donde vence un único candidato, y establece un modelo proporcional. Sin embargo, incorpora un premio: si la alianza ganadora rebasa el 42 % de los votos nacionales, obtendrá escaños adicionales en la Cámara y el Senado.
La bonificación exige que las fuerzas aliadas acuerden un candidato a primer ministro y un programa común antes de los comicios. El Ejecutivo defiende que esta fórmula permitirá identificar mejor una alternativa de gobierno y reducirá las negociaciones postelectorales que han producido gabinetes frágiles. Busca así conciliar proporcionalidad y estabilidad.
El centroizquierda sostiene que el premio sobrerrepresenta al bloque vencedor y podría vulnerar criterios fijados en sentencias sobre leyes anteriores. La oposición recurrirá ante el Tribunal Constitucional cuando la norma entre en vigor. Si prospera, el Gobierno podría tener que rectificar el sistema antes de las elecciones.
La mayoría conservadora tampoco está libre de reservas. Algunos parlamentarios temen que una nueva formación nacionalista disperse su voto y aleje a la coalición del 42 %. A ello se suman las críticas por el coste de las campañas y por el riesgo de reducir la presencia femenina en las cámaras.
Basado en: Giada Zampano, Associated Press