El histórico nombramiento abre una nueva etapa, aunque el rey conserva gran parte del poder ejecutivo.
La designación de Fatima Ezzahra Mansouri como primera jefa del Gobierno de Marruecos constituye un hito cuyo alcance dependerá de sus reformas. Mohamed VI la nombró el 29 de septiembre, después de que el Partido Autenticidad y Modernidad consiguiera 97 escaños y encabezara una coalición. Sin embargo, la abstención de casi el 62 % reveló una marcada desafección ciudadana.
Abogada de 50 años, Mansouri ha ejercido como alcaldesa de Marrakech, diputada y ministra de Vivienda. Su trayectoria encarna el avance de las mujeres en las instituciones, aunque ese progreso sigue siendo desigual: apenas seis de los 32 miembros del nuevo Ejecutivo son mujeres. Tampoco se la conoce por haber abanderado una defensa pública de los derechos femeninos.
La propia arquitectura institucional limita sus posibilidades de actuación. La Constitución de 2011 obliga al monarca a escoger al jefe del Gobierno en el partido vencedor y reforzó las competencias del Parlamento. Aun así, el palacio conserva la autoridad decisiva y supervisa Interior y Asuntos Exteriores. El simbolismo del nombramiento no modifica por sí solo el reparto efectivo del poder.
El desafío más delicado será la reforma de la Mudawana, el código de familia que regula el divorcio, la custodia, el matrimonio y la herencia. Conciliar las demandas de igualdad con la oposición conservadora exigirá capacidad política. Mansouri también deberá lidiar con el coste de la vida, un desempleo juvenil cercano al 30 % y el descontento por las inversiones del Mundial de 2030 frente a las necesidades sanitarias y educativas. Su mandato se juzgará por su capacidad para convertir la representación histórica en cambios tangibles.
Basado en: Ilhem Rachidi, Foreign Policy