El Gobierno y la oposición se enfrentan por el control y la legitimidad del Tribunal Constitucional polaco.
La disputa por el Tribunal Constitucional polaco llevó a cientos de personas ante su sede en Varsovia. La policía antidisturbios protegió el recinto y detuvo a tres manifestantes que trataron de entrar. La tensión aumentó cuando una magistrada suspendió durante un mes al presidente del órgano, Bogdan Swieczkowski, y a su adjunto, y asumió de forma temporal la dirección.
El Gobierno centrista de Donald Tusk sostiene que debe actuar para restaurar el Estado de derecho. Ley y Justicia (PiS), principal partido de la oposición, denuncia en cambio una maniobra política para controlar el tribunal. El presidente Karol Nawrocki, aliado de PiS, interrumpió un viaje a Senegal, regresó a Polonia y convocó consultas urgentes.
La crisis se remonta a 2015. Durante el cambio de gobierno, el Parlamento saliente nombró a cinco jueces, aunque solo tres designaciones tenían una base legal válida. La nueva mayoría de PiS eligió sustitutos también para esos puestos. Después impulsó reformas acusadas de someter la justicia a intereses partidistas. En 2025, el máximo tribunal de la Unión Europea determinó que el Constitucional no era independiente.
Desde su regreso al poder en 2023, Tusk no reconoce la legitimidad del órgano en su forma actual. Este año, el Parlamento eligió a ocho magistrados, pero Nawrocki no aceptó el juramento de cinco y Swieczkowski les impidió ejercer. La disputa gira así en torno a dos cuestiones: quién puede ocupar los puestos y si el procedimiento para apartar a la cúpula es legal. Con elecciones parlamentarias previstas para el próximo año, el conflicto también puede elevar la tensión política.
Basado en: Caolán Magee, Al Jazeera